El 60 por ciento de los proyectos en ejecución para garantizar el acceso al servicio de telecomunicaciones están paralizados hace más de un año por Milei, aunque las empresas seguían aportando el 1 por ciento de sus ingresos de acuerdo a la ley. El Gobierno aclaró que por ahora deberán seguir pagando hasta que se cierre el fondo.
El Gobierno nacional necesitó aclarar que las empresas de telecomunicaciones deberán continuar con el aporte del 1 por ciento de sus ingresos al Estado para el fondo fiduciario que tenía como finalidad garantizar el acceso a un servicio universal y que la misma gestión libertaria disolvió hace pocas semanas. La respuesta oficial surgió luego de una presentación de Telefónica para dejar de abonar.
“Como hay en ejecución alrededor de 300 proyectos y hace un año que no pagan ninguno, el fondo se siguió incrementando y va a continuar así hasta que lo liquiden. Lo lógico entonces sería que se terminaran todas las obras”, aseguró a Página 12, Gustavo López, ex vicepresidente de Enacom y experto en comunicaciones.
Luego de reiterados discursos sobre la inoperatividad de los fondos fiduciarios, donde se los caracterizó como “sobredimensionados” e “innecesarios”, el Gobierno nacional debió explicar a las compañías telefónicas que “no existen dudas con relación a la vigencia de la obligación de aporte de inversión y a que las empresas licenciatarias de servicios de TIC deben continuar realizando el aporte según la forma y mecanismo utilizado al presente; ello, hasta tanto se dicten las normas complementarias y se concluya el proceso de liquidación”.
La normativa publicada el miércoles en el Boletín Oficial determinó que “a los fines de asegurar la política pública de garantizar el acceso al Servicio Universal, que en los términos del Decreto 6/2025 permanece vigente, los licenciatarios de servicios TIC deberán continuar realizando el aporte según la forma y mecanismo utilizados al presente”.
En la ratificación se aclara que independientemente de la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, permanece el compromiso de los licenciatarios de servicios de TIC de cumplir con los aportes de inversión, incluidos en el ámbito de aplicación de la ley 27.078, netos de los impuestos y tasas que los graven.
“Además de sacar resoluciones tienen que explicar cuál es la política pública para el sector que mantiene el 60 por ciento de las obras ejecutadas y aprobadas por la gestión anterior completamente frenadas”, opinó López.
